España es en Europa la que más aporta a la Red Natura 2000
La naturaleza es un diamante en bruto que está en gran parte sin explotar y que reivindica su papel en la economía española. “Los espacios protegidos son la base de la economía de cualquier país. Si no los cuidas, no tienes economía”, afirma Ignacio Jiménez, coordinador de espacios protegidos en la Fundación Global Nature. “Hay que hacer ver a la sociedad que nuestros ecosistemas proporcionan algo más que entretenimiento y conservación. No se trata de ponerle precio a la naturaleza, sino de valorarla”, añade David Álvarez, director ejecutivo de la consultora ambiental Ecoacsa.
Pero para empezar a pulir ese diamante hay que ver primero qué tamaño tiene y calcular el beneficio económico que se puede obtener de él.
El primer aspecto no plantea grandes problemas. España, con un 27,4% de su superficie terrestre protegida y un 12,3% de la marina, es el país de Europa que más aporta a la Red Natura 2000, el tejido europeo para la conservación de la biodiversidad. Este espacio se incrementa hasta el 36,2% si sumamos las 53 reservas de la biosfera con las que cuenta el Estado español, el que más tiene en el mundo.
Las dificultades surgen cuando se aborda el cálculo de los beneficios económicos de estos espacios protegidos. “Hay bienes y servicios fáciles de cuantificar y otros que son difíciles de calcular”, asegura Jiménez. A esto hay que añadir también el hecho de no contar con toda la información ni con los medios adecuados para acceder a ella.
Por cada euro invertido se logra un beneficio bruto de 22
El Ministerio para la Transición Ecológica realizó en 2019 una “primera aproximación, con la información existente”, de este impacto económico, según explica el informe Beneficios económicos de la Red Natura 2000 en España. Los resultados estimaban unos beneficios de esta red de 10.009,5 millones de euros al año y la creación de 401.906 empleos directos e indirectos. El estudio arrojaba un rendimiento bruto de 22 euros por cada euro invertido si se tenía en cuenta el coste anual de mantenimiento de la red.
El proyecto Valoración de la Renta y el Capital de los Montes de Andalucía (Recaman), dirigido por Pablo Campos, responsable del grupo de investigación en economía ambiental del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, ha utilizado “por primera vez en el mundo el sistema de cuentas económico-ambientales de los ecosistemas” para hacer estos cálculos de una forma “científica y rigurosa”, explica el profesor.
El estudio valora la rentabilidad que da la naturaleza en los 1.371.360 hectáreas de bosques protegidos de Andalucía en 2010. Son cifras hasta ahora inéditas y que adelanta Campos: “816.233.472 euros de beneficios, 595,2 euros por hectárea, y unas rentas del trabajo que ascienden a 217.986.288 euros”.
Un estudio valora en 816 millones
la rentabilidad
de los bosques
de Andalucía
Independientemente de las conclusiones de estos estudios, España tiene ante sí el desafío “de ser capaz de valorizar algo en lo que somos los mejores de Europa”, dice el responsable de la Fundación Global Nature.
Invertir en conservación
Por eso es “fundamental invertir en la conservación de la naturaleza”, razona Marta Múgica, directora de Europarc, la organización que reúne a las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos en España. Los beneficios van más allá de lo económico y abarcan desde “la lucha contra el cambio climático, la salud de las personas, la fijación de población en zonas despobladas o la preservación de la cultura”.
Todo esto requiere un esfuerzo económico que presenta debilidades y fortalezas. Entre las primeras destaca la disminución desde 2016 de los Presupuestos de la Red de Parques Nacionales en España. Este descenso, recogido en el Anuario 2020 de las áreas protegidas de España, elaborado por Europarc, refleja una dotación de 66 millones de euros en 2019 frente a los más de 100 millones de 2015, afectando sobre todo a los capítulos de inversiones y personal.
Entre las fortalezas están los 1.642 millones que los fondos europeos van a destinar a la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad.
Otros beneficios son la salud, fijar población y la lucha contra el cambio climático
Desde Ecologistas en Acción, Teo Oberhuber, su coordinador de campañas, reclama “recuperar el presupuesto que había” y “gastar con más efectividad”. Igualmente, defiende “replantear el modelo de gestión de los espacios protegidos”. Esto pasa por tomar medidas “que reduzcan el impacto de las actividades humanas” a través del fomento de la “ganadería extensiva, de una agricultura sin productos químicos que están dañando a los insectos y una regulación del turismo para evitar el masivo”.
Diversificar la economía
El objetivo para Múgica es “conservar y promover actividades tradicionales como la elaboración de vinos, aceites y mieles, e impulsar otras nuevas que diversifiquen la economía desde la tecnología y hablando con la gente que vive” en estas zonas.
El Parque Natural de Somiedo en Asturias es un buen representante de lo anterior. Su creación en 1988 “ha servido para la conservación socioeconómica del concejo”, reflexiona su alcalde, Belarmino Fernández. Si hace 34 años la ganadería extensiva era la única actividad económica, ahora esta “se ha profesionalizado y modernizado y representa el 40%. Otro 40% es el turismo y el 20% restante otros sectores, entre los que estamos impulsando la industria agroalimentaria y la atracción de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías como la startup Zapiens”.
Más pegado a actividades tradicionales es el caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Aunque la zona vive “casi al 100% del turismo”, según Enrique Pueyo, alcalde de Ainsa, “sin el parque la comarca estaría deshabitada”. El edil cree que “la gestión muy proteccionista” de estos espacios ha impedido actividades “como la ganadería extensiva” y es responsable también “de la pérdida de población” de los pueblos más cercanos al parque.
Servicios de los ecosistemas
En torno al concepto servicios de los ecosistemas están surgiendo nuevas actividades económicas. En los tres ecosistemas existentes, abastecimiento, regulación y cultural, “se están desarrollando mecanismos que permiten retribuir los beneficios que da la naturaleza”, comenta Álvarez.
El consultor pone el ejemplo de un negocio que está creciendo poco a poco en España y que une el pago por los derechos de CO2 con el mantenimiento de los árboles o crear nuevos espacios de bosques para obtener estos beneficios, además de los tradicionales, madera, hongos, etc. Grandes empresas están también interesadas, ya que debido a “una creciente demanda de compensación de emisiones en el mercado nacional, les compran estos derechos”, describe.
La Asociación Selvans trabaja en Cataluña para preservar bosques de alto valor ecológico usando diferentes instrumentos. Uno de ellos “es el pago por los servicios ambientales a los propietarios de los bosques que acceden a gestionar de forma natural parte de sus fincas”, describe Stefan Esser, miembro del equipo técnico de la asociación. Esto incluye la compra de los derechos de tala, créditos de carbono o compensación económica por la ocupación del suelo. También han puesto en marcha paseos terapéuticos relacionando estos espacios con la salud y el bienestar. Cuentan con el apoyo público de la Administración y el privado de empresas.
En Seastainable Ventures aprovechan la tecnología para “restaurar y mejorar los ecosistemas marinos y darles una segunda oportunidad”, cuenta su consejero delegado, Ignasi Ferrer. Con Ocean Ecostructures y dentro del proyecto Seareg de regeneración del Mediterráneo, han diseñado microarrecifes artificiales de bicarbonato cálcico para instalar en puertos deportivos, parques eólicos o plataformas y recuperar la biodiversidad y el ecosistema. Palamós y Estartit, en Girona, son los primeros puertos donde se han instalado.
El dinero mira ya hacia la conservación
“La conservación de la naturaleza se empieza a entender como un problema también financiero al que es necesario dedicar recursos”, reflexiona Concha Iglesias, socia líder de sostenibilidad y cambio climático de Deloitte España. Esta es la razón de que se incrementen “los fondos de inversión de capital privado cuyo objeto es la financiación de actividades de conservación, un proceso que sin duda veremos aumentar”, vaticina.
La taxonomía de las finanzas sostenibles que ha publicado la Comisión Europea es una buena brújula para orientar este interés del capital privado. De momento ya ha establecido las actividades económicas que contribuyen a dos de los seis objetivos medioambientales: mitigación y adaptación al cambio climático. Para los otros cuatro habrá que esperar a finales de 2022.